Más de un millón de firmas verificadas impulsan una iniciativa europea que reclama proteger compras y funciones de los videojuegos frente a cierres y retiradas. En paralelo, el sector afronta recortes internos y acuerdos tecnológicos controvertidos, lo que intensifica la exigencia de coherencia entre discursos y prácticas corporativas y reabre el debate sobre regulación. Las novedades sin coste adicional y la fatiga por fórmulas repetitivas subrayan que la competencia por el tiempo del jugador es cada vez más feroz.
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